Tijuana Times.- A la manifestación de vecinos en contra de a la expropiación del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana se unieron las candidatas a gobernadora de la coalición Va por Baja California, Lupita Jones Garay, y a la alcaldía de Tijuana, Jorge Ramos.
Los vecinos argumentaron que afectará sus viviendas ya que se devaluarán.
Hace dos semanas se inició el proceso legal para que se le otorgue la propiedad al estado y para que los tijuanenses tengan libre acceso a la propiedad ubicada en el corazón de la ciudad.
Para Jones Garay, esta acción “es el inicio de un proyecto de expropiación en el resto del estado y país, dejando claro que a los gobiernos actuales les importa poco revisar los derechos” “Sí al derecho a proteger la propiedad privada, sí al respeto a la ciudadanía , no a la expropiación ”, dijo.
En Tijuana a casi un mes de la elección, encuestadoras como Mitofsky o Demoscopia ubican a la morenista Monserrat Caballero, con hasta 38 puntos de las preferencias, 18 más que el segundo lugar, el exalcalde panista Jorge Ramos, hoy representante del PRI-PAN-PRD, que sólo obtendría la victoria si logra convencer a los electores de los partidos satélites o al 25 por ciento de los indecisos.
Así lo dejó ver en el primer debate, realizado por el instituto local el viernes, en el que el panista pidió los votos de los simpatizantes del teniente coronel Julián Leyzaola, luego de que el Instituto Estatal Electoral le negara su registro como candidato del PES ante una orden de aprehensión por presuntos actos de tortura; incluso, dijo estar “abierto a morenistas auténticos”.
La morenista Montserrat Caballero canceló su participación 40 minutos antes del encuentro, acusando una supuesta inequidad que representaría el formato del debate.
Tampoco asistió el representante del Partido Encuentro Solidario, Ranier Falcón. Estuvieron Katia Bustillos, del Partido de Baja California; Gina Soler, de Redes Sociales Progresistas; Adriana Millanés, de Movimiento Ciudadano, y Lourdes Inzunza, de Fuerza por México.
La propuesta más relevante fue el planteamiento del exalcalde de Tijuana de recuperar hasta 600 millones de pesos de fondos federales, que estarían siendo retenidos por el gobierno de Jaime Bonilla y que sería resuelto, dijo, a través de una demanda federal.
