Tijuana (Especial).- Los malos manejos de Kiko Vega se alcanza a sentir a lo largo y ancho de la entidad, el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, desmanteló sistemáticamente al Estado.
El gobierno de Baja California denunció al ex mandatario Francisco Vega de Lamadrid y a cinco de sus colaboradores por los delitos de peculado, abuso de confianza y fraude.
Jaime Bonilla, mandatario de la entidad, detalló que la denuncia interpuesta es contra quien o quienes resulten responsables por una malversación de fondos por más de mil 200 millones de pesos “y una serie de abusos en donde se han detectado incluso facturas apócrifas expedidas en la pasada administración”, afirmó.
Citado en un comunicado del gobierno estatal, Jaime Bonilla afirmó que se seguirán las investigaciones hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga, pues no hay vacas sagradas”.
En tanto, el secretario de Gobierno, Amador Rodriguez Lozano, agregó que “se llevó a cabo una estafa maestra zona cuatro”.
Los denunciados además de Vega de Lamadrid, son sus secretarios de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández Díaz; la ex Oficial Mayor, Loreto Quintero -actual diputada local del PAN-, Enrique Remigio Salcido, exdirector de Administración, y Rutilio Pérez Flores, exdirector de Adquisiciones.
Las sucias aguas de Kiko
La construcción de 2 plantas desalinadoras en Baja California bajo el esquema Asociación Público Privada (APP) propuestas por el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid dejarán embargada a la entidad durante 37 años, donde los únicos beneficiados serán empresarios y políticos cercanos a la clase gobernante.
En conjunto, los particulares tendrán ingresos superiores a los 57 mil millones de pesos durante los años de operación; lo que incrementará 30 por ciento el costo del agua en la entidad, según un estudio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali.
Una de esas plantas estará ubicada en el municipio de Playas de Rosarito, tiene por objetivo producir 4 mil 400 litros de agua por segundo y fue planeada desde el 2005 por empresarios estadounidenses con la intención de abastecer la demanda en el sur de California.
