Buscan del ex presidente de Paraguay por lavado de dinero
Río de Janeiro (Agencias).- Un juez de Brasil pidió este martes la detención del empresario y ex presidente de Paraguay Horacio Cartes por supuesto lavado de dinero en una causa vinculada a la operación anticorrupción Lava Jato en la ciudad de Río de Janeiro, informó la Policía Federal Brasileña.
Según un comunicado, el juez Marcelo Bretas incluirá en el alerta rojo de Interpol el nombre de Cartes para que sea detenido y responda por su vinculación con un grupo de contrabandistas de divisas que lavaba dinero en Brasil, Paraguay y otros 14 países.
La Operación fue bautizada de “Patrón”, como según la policía se refería al ex presidente paraguayo el llamado jefe de los “doleiros” brasileños Darío Messer, el mayor contrabandista de divisas de Brasil. Según la cadena Globo, Cartes es amigo de la familia Messer.
La Justicia del Brasil emitió el listado de al menos ocho paraguayos que habrían ayudado a Darío Messer a fugarse del Brasil y, además, a ocultar sus bienes. Además de Horacio Cartes, figuran Lucas Lucio Mereles, propietario de Yrendagüe, y la abogada María Leticia Bóbeda, hija del exsenador de Unace José Manuel Bóbeda. También confirmaron que Roque Fabiano Silveira lo albergó en Salto del Guairá, Paraguay. Todos tienen código rojo de Interpol.
Varias personas habían sido detenidas en Brasil en los operativos, que cumplen allanamientos y pedidos de detención en Río de Janeiro, San Pablo y Ponta Porá, en el estado de Mato Grosso do Sul, frontera con Paraguay. La acusación es que Messer y su red de cambio ilegal lavaron y fugaron dinero en 52 países por 1.600 millones de dólares.
Cartes comanda un emporio empresarial llamado Grupo Cartes, un conglomerado empresarial de alimentos, bebidas, ropas y centros médicos.
No es la primera vez que Cartes está vinculado a actividades ilegales. En 1985 fue condenado por un caso de estafa al Banco Central del Paraguay, por cerca de 34 millones de dólares, causa por la que estuvo prófugo durante 4 años. Sin embargo, en 2008, fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia, lo que el Banco Central consideró inconstitucional.