Especial.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos actualizó las acusaciones por narcotráfico que imputa a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón. Se apoyó para ello en un alud de evidencias que engrosan un expediente de más de 189 mil páginas y que incluye registros financieros, videos y comunicaciones que le fueron interceptadas.
Una parte de esas evidencias las entregó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en virtud del Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM). Apoyados en dichas evidencias, los fiscales pretenden forzar una negociación con García Luna para que acepte ser un “testigo cooperante” que a su vez incrimine a sus cómplices coludidos con el Cártel de Sinaloa.
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De hecho, la declaración de “no culpable” que hizo García Luna en relación con los cinco cargos que le imputa el gobierno de Estados Unidos –que lo acusa de narcotráfico y de mentir a una agencia federal migratoria– es un trámite formal y parte de la negociación de un acuerdo jurídico.
En la audiencia virtual del miércoles 7 en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, el exsecretario de Seguridad Pública de México se acogió al derecho de presunción de inocencia que el gobierno estadunidense estaría dispuesto a rebatir.
La sesión preparatoria del juicio a García Luna, presidida por el juez federal Brian Cogan, actualizó los delitos que le imputa Estados Unidos al amigo, asesor y mano derecha de Felipe Calderón en la lucha militarizada contra el narcotráfico
Cogan leyó a García Luna los cinco cargos que enfrenta, ya estipulados y actualizados en el expediente criminal develado el 30 de julio pasado con el que el Departamento de Justicia reemplazó al encausamiento original por el cual fue detenido el pasado 9 de diciembre.
La actualización de los cargos colude a García Luna en asociación delictiva de narcotráfico con otros dos alfiles del gobierno calderonista: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.
Debido a las restricciones sanitarias generadas por la pandemia de covid-19, César de Castro, abogado de oficio de García Luna, no ha podido revisar el expediente físicamente al lado de su cliente.
